El pasado viernes 21 de octubre, el alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, lanzó una andanada de trinos sin una aparente explicación. En los tuits a través de la red social de 140 caracteres, el mandatario distrital acusó públicamente a sus opositores políticos de utilizar los entes de control para atacar su gestión.

Sin dar mayores explicaciones, el alcalde Martínez se mostró dispuesto a que los entes de control revisaran su gestión y la de su antecesor, Carlos Caicedo, al tiempo que señalaba a los “viejos sectores políticos de la ciudad” de usar a los organismos de control para atacarlo.

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Los trinos pasaron  desapercibidos para muchos, pero dejaron en el aire una clara situación: el alcalde Martínez estaba bastante ofuscado por la situación. ¿Pero de qué se trataba?

Seguimiento.co (medio aliado de Zona Cero) se dio a la tarea de averiguarlo y estableció que lo que causó el enojo del alcalde Martínez fue una decisión del propio Contralor General de la República, Edgardo Maya Villazón, quien notificó al alcalde del auto 0422 de 2016, mediante el cual se profiere un proceso de control fiscal excepcional sobre más de 10 procesos de contratación que se ejecutaron en  la pasada administración de Carlos Caicedo y en la actual de Rafael Martínez.

Algunos de los contratos que revisará la Contraloría, directamente en Bogotá, son los de los Puestos de Salud (por valor de $6.537 millones), la red de parques (3.169 millones), un contrato de pavimentación del programa Mi Calle (por $3.742 millones), la construcción de la Megabiblioteca ($10.044 millones), la construcción del parque acuático ($8.401 millones), la intervención del colegio Bastidas, la consultoría para los Juegos Bolivarianos y la firma de algunos convenios. Muchos de estos contratos con irregularidades denunciadas por este medio digital.

El control fiscal excepcional lo ordenó el contralor Maya Villazón, en esta ocasión, por solicitud de la Secretaría de la Comisión Cuarta Constitucional del Congreso de la República, a través de una proposición del congresista Eduardo Díaz-Granados. Esto último fue lo que sacó de quicio al alcalde, pues el mandatario y el representante a la Cámara son adversarios políticos.

No obstante que la proposición nació de Díaz-Granados, la Contraloría estableció que esta fue aprobada por todos los miembros que conforman la Comisión Cuarta Permanente de la Cámara de Representantes  y fue sustentada por un detallado informe que fue aprobado por el ente de control antes de expedir el control fiscal excepcional.

El auto también le da un duro golpe al contralor distrital de Santa Marta, pues le ordena “abstenerse de seguir conociendo lo relacionado con los temas admitidos para control excepcional en esta providencia” y le pide que remita a las contralorías delegadas todas las investigaciones que haya adelantado hasta la fecha en esta materia.

Señala además que “respecto a la falta de idoneidad del ente de control territorial, resulta evidente la necesidad de que este ente de control superior asuma la vigilancia fiscal de los siguientes contratos anteriormente citados por el Distrito de Santa Marta”.